Comunicado. Cauca: “Ni el CRIC ni la ACIN”. Marcha Patriótica rechaza los estigmas proferidos por ACIN contra otras organizaciones civiles
/por Marcha Patriótica/
A
la situación de permanente militarización y violación de derechos
fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del país
se suman ahora los señalamientos desde la dirigencia indígena ACIN-CRIC
del departamento del Cauca.
El
pasado 26 de abril la guardia indígena del norte del Cauca retuvo a
siete indígenas, sindicándolos de pertenecer a la insurgencia de las
FARC-EP y de darle muerte a uno de sus mayores, Benancio Taquines, así
como a otros indígenas de la zona. Al día siguiente, y ante un gran
despliegue mediático, la Asamblea de las Comunidades Indígenas del Norte
del Cauca condenó, según sus leyes, a dos indígenas capturados a 40
años de “patio prestado”, es decir cárcel, que se cumplirá en
jurisdicción ordinaria: en un centro de reclusión del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De
acuerdo con la jurisdicción especial indígena, este tipo de juicios y
condenas hacen parte de sus derechos constitucionales. Lo que resalta en
este caso no es el juicio en sí mismo ni la manipulación mediática que
condenó a los capturados como miembros del sexto frente de las FARC-EP
sin tener prueba alguna, sino el duro pronunciamiento firmado por el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC) donde se señala a diversas organizaciones sociales
de hacer parte de “un plan sistemático de exterminio físico y cultural
del movimiento indígena colombiano” orquestada por las FARC-EP.
El
hecho genero diversas reacciones. Entre otras la del máximo jefe de esa
insurgencia, Timoleón Jiménez, quien señaló que tales actos no se
corresponde para nada con la realidad y más parece el producto del
envenenamiento por parte de terceros interesados a los indígenas que
acusan a las FARC de tales planes. En el pronunciamiento fechado el 12
de mayo este grupo insurgente señala “los interés que intentan minar el
movimiento indígena en la región del Cauca”.
Por
su parte las asociaciones pro constitución de zonas de reserva
campesina de los municipios de Corinto, Miranda y Caloto intercedieron
en la discusión e hicieron pública su posición en comunicado del 22 de
mayo, en el que dicen que este tipo de aseveraciones asombran e indigna
lo que piensan y hacen unos pocos consejeros indígenas que utilizan el
buen nombre de mucha gente de sus comunidades para aprovecharse de ella.
La comunidades plantean que este tipo de pronunciamientos “tienen que
ver directamente con la gran cercanía que por décadas el CRIC y la ACIN
han tenido con agencias como la del gobierno norteamericano Usaid y
programas de inversión del capital europeo”.
Por
su parte la Convergencia de Asociaciones Indígenas del Cauca (CAIC),
que agrupa a ocho asociaciones indígenas del Cauca, denuncia amenazas,
calumnias y montajes contra algunos de sus dirigentes comunitarios; pone
en tela de juicio la legitimidad algunas de las autoridades indígenas
que firmaron el comunicado; y responsabiliza a las dirigencias del CRIC y
ACIN por cualquier cosa que le pase a las asociaciones, líderes,
indígenas y comunidades de la zona.
A
la situación de tensión, permanente militarización y violación de
derechos fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas
del suroccidente del país se suman ahora estos señalamientos.
La
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha venido realizando
una serie de denuncias que han venido recolectando al interior de las
comunidades indígenas y que muestra un panorama enrarecido gracias a la
intermediación en esas comunidades de programas internacionales de
desarrollo. Aquí reproducimos la denuncia y las solicitudes del
colectivo de derechos humanos:
1.
Que se cumpla realmente con la función de inspección, vigilancia y
control en la aplicación de la jurisdicción especial indígena de manera
tal que se garanticen los derechos fundamentales de nacionales que,
independiente de su pertenencia étnica, son ciudadanos colombianos y
están viendo afectados sus derechos.
2.
Que se adelante un proceso de reglamentación normativa que ponga al
centro la garantía de pilares fundamentales tales como el de legalidad,
debido proceso, libertad, dignidad, igualdad y presunción de inocencia,
los cuales están siendo afectados en aplicación de la jurisdicción
especial indígena. Y de paso que se pongan límites y controle el
ejercicio del poder jurisdiccional sobre las autoridades indígenas.
3.
Que se adelante un proceso exhaustivo de revisión de las sentencias
dictadas por los tribunales indígenas en el departamento del Cauca.
4.
Que se la jurisdicción ordinaria asuma la investigación de la muerte
del señor Alfredo Ríos, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio
de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribío. Y que en
dicho proceso investigativo se llame a rendir testimonio al señor
Civilino Ul.
5.
Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las
transferencias que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a
entidades indígenas de derecho público especial
No hay comentarios:
Publicar un comentario